El Derecho procesal es la rama del Derecho que se ocupa de lo relativo a la función jurisdiccional o, por expresarlo de un modo muy general, al funcionamiento y actuación de los tribunales de justicia. En concreto, el objeto de esta disciplina jurídica gira en torno a tres ejes básicos: la jurisdicción, la acción y el proceso. Las explicaciones que integran esta obra se estructuran alrededor de estas tres nociones básicas, que aparecen inescindiblemente entrelazadas. La jurisdicción como potestad del Estado a través de la cual se realiza o actúa el Derecho en el caso concreto; la acción como derecho fundamental de los ciudadanos a la protección judicial de sus derechos, y el proceso como instrumento, exclusivo y excluyente, a través del cual actúan los tribunales para proteger los derechos de los ciudadanos. Más en concreto, la obra se ocupa del estatuto jurídico de los jueces y magistrados, de la organización de los tribunales españoles y del poder judicial, de las garantías constitucionales de los justiciables, de los principios y características generales del proceso judicial y de la regulación de los actos procesales, sin descuidar una panorámica general sobre los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje, que van ganando un creciente protagonismo social. El objetivo del autor es, en definitiva, proporcionar una visión general, al mismo tiempo sintética y rigurosa, del fenómeno judicial en su globalidad, útil para quien curse la asignatura de Introducción al Derecho procesal en una facultad de Derecho, así como para todo aquel que desee conocer cómo funcionan los tribunales, qué derechos asisten a los ciudadanos ante la Administración de Justicia o, simplemente, se propongan adquirir unos conocimientos básicos y sólidos sobre el proceso judicial, cuestiones, todas ellas, de permanente actualidad e interés. La presente edición está actualizada conforme a las numerosas reformas legales producidas desde la anterior y, especialmente, conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, y a la LO 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la anterior, que han propiciado una profunda transformación en el ordenamiento procesal español.
