La proliferación legislativa de los últimos años incluye un gran número innovaciones normativas. Las principales reformas se basan en materia procesal, de la que se hace eco la Ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, que atribuye nuevas funciones al Secretario Judicial, quien puede dictar Diligencias no sólo de ordenación sino de constancia, comunicación y ejecución, resultando pionera la nueva resolución procesal denominada «Decreto» que se regula para ciertos actos procesales determinados ex lege. En consecuencia con lo anterior, se establece un nuevo régimen de recursos, como el recurso de revisión que se interpone contra los decretos en los casos previstos legalmente.
En la rama del derecho administrativo, se han dictado diversas leyes de carácter sectorial.
A nivel fiscal, la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se va a suprimir el impuesto sobre el patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el impuesto sobre el valor añadido y otras modificaciones en la normativa tributaria, suprime el impuesto sobre el patrimonio.
En la rama penal, se destaca a la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con la nueva regulación, entre otras cuestiones, del aborto.
Finalmente, en derecho europeo, la reciente ratificación y entrada en vigor del Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, ha modificado sustancialmente algunas instituciones (como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea o el Tribunal de Primera Instancia, ahora Tribunal Justicia de la Unión Europea y Tribunal General respectivamente) y la terminología ha variado sustancialmente (el Tratado elimina toda mención al término comunitario debiendo emplearse a partir de ahora en sustitución del mismo de la Unión) así como la enumeración de los artículos (ahora referidos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, antiguo TCE).
