La represión de la dictadura franquista se ejerció a diferentes niveles de importancia, donde la primera sería, sin duda, las penas dictadas por los diferentes tribunales militares que se constituyeron para juzgar a la población civil española no afín a la sublevación. Un segundo nivel fue el de la represión económica, que actuó sobre los que -de alguna forma- habían servido ideológicamente en las filas de la Segunda República, creada por voluntad del pueblo en el año de 1931. En este trabajo de investigación histórica podremos comprobar cómo fracasa, en parte, una medida con la que el Régimen Franquista pretendió hacer pagar a los perdedores de la guerra, los gastos derivados de la sublevación de julio de 1936. Para ello, se bloquean sus cuentas dinerarias, se confiscan sus propiedades inmuebles y los bienes de todo tipo que poseían. Veremos también cómo la gran mayoría de los procesos iniciados por el juzgado de Responsabilidades Políticas de Almería, termina con el sobreseimiento de la causa, o no llega a iniciarse al ser manifiesta la indigencia del denunciado. A lo largo de estas páginas podremos ver a los procesados de Albanchez, Alcóntar, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Chercos, Códbar, Fines, Laroya, Líjar, Lúcar, Macael, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Tíjola y Macael. En cada pueblo conoceremos quiénes fueron los fueron señalados, su filiación política antes y después del 18 de julio, los bienes que poseían, sus profesiones, la calificación de sus conductas por las autoridades locales y, además, todos los datos referentes a su militancia, cargo político y la sanción impuesta.
